Les dejo a continuación la crónica de representantes de Fundación Vía Libre, quienes estuvieron presentes en la sesión de Senado y quisieron expresar su punto de vista pero no se les permitió.
Fuente: Fundación Vía Libre
La reunión de la Comisión de Legislación General, efectuada hoy 28 de junio, para tratar el canon digital, fue sólo eso: un circo. Un circo donde todos los artistas, o al menos sus sociedades de gestión colectiva, dijeron “presente”, aplaudieron y se fueron. Un circo de representación democrática.
La reunión estaba convocada para las 16.30. Primero debían pasar todos los que figuraban en la lista de invitados convocados por Ceremonial antes de que el público pudiera acceder. Supuestamente, la reunión se había postergado para las 17.00 hs. Siendo las 17.30 hs., es decir, una hora más tarde de lo que se había acordado la reunión y cuando todos los invitados selectos -tales como el Secretario General de SADAIC, Víctor Yunes, o el presidente de ARGENTORES, o Ana María Cabanellas, de CADRA, entre otros- ya habían pasado y hecho su presencia, recién entonces los ciudadanos comunes y corrientes pudimos pasar al recinto, atestado de representantes de la gestión colectiva. No faltó nadie: Pablo Máspero de CAPIF, Guillermo Ocampo de SADAIC, todos los fieles abogados representantes de la industria se encontraban presentes. La reunión ya había empezado hacía por lo mínimo más de una hora y los principales puntos de la ley habían sido expuestos. El “listado oficial” fue una treta para impedir que las personas comunes pudieran estar presentes desde el comienzo de la reunión.
La reunión para el público general sólo duró 15 minutos, es decir, desde las 17.30 hasta las 17.45. Gerardo Morales, de la UCR, manifestó que “el bloque está de acuerdo con el proyecto de ley”, y que votarían a favor de él mañana cuando se trate en Cámara. La senadora Bortolozzi confirmó que ella “retiró su proyecto para no entorpecer el del Senador Pichetto”. La senadora Negre de Alonso, quien presidió la audiencia, afirmó que:
“Nos llegaron las preocupaciones de las asociaciones de defensa del consumidor. Primero, la remuneración por copia privada no va a encarecer los costos para el consumidor, porque es un impuesto para los fabricantes de dispositivos, y en segundo lugar, aún si lo hiciera, sólo van a hacer uno o dos pesos más, nada más. Pero lo más importante acá es la defensa de los derechos, un derecho a la remuneración digna, un derecho humano, la defensa del trabajo de los artistas. Los senadores estamos para equilibrar”.
El 75% de impuesto sobre un CD o DVD significa, por ejemplo, que si una persona compra un bulk de 100 DVD’s Verbatim, que cuesta $155 pesos, pasará a valer $271 pesos. Eso no son ni uno ni dos pesos, son exactamente 116 pesos que Negre de Alonso todavía cree que pagará el fabricante de los dispositivos. Este es el ejemplo más cabal, dado que es el porcentaje más alto previsto en el proyecto de Pichetto y Giustiniani, pero en el caso de los dispositivos sobre los cuales se aplicará entre el 5% y el 10%, ninguno baja de los cien pesos argentinos, tal es el caso de las memorias o de los discos rígidos. Por lo tanto, decir que este impuesto es de “uno o dos pesos” es burlarse de la ciudadanía a la que Negre de Alonso dice representar.
Por supuesto, además de sentirse en total comodidad para expresar posturas que desconoce por completo, el debate no fue público. Cuando quien escribe estas líneas solicitó hablar en representación de la Fundación Vía Libre, que defiende los derechos civiles en entornos mediados por nuevas tecnologías, una secretaria le comunicó que la palabra sólo se le estaba dando a las asociaciones de gestión colectiva, pero que haría lo posible para que le dejaran hablar. La sesión fue cerrada a los dos minutos.
No bastó con que el proyecto de ley fuera redactado por las sociedades de gestión colectiva, ejecutado por Pichetto quien calificó a los detractores de “internautas” (Pichetto olvida que las conexiones a banda ancha en el país superan el 50% de la población), sino que además se armó este circo de convalidación de una ley que fue decidida a espaldas de la ciudadanía y con una rapidez asombrosa. Cuando la ciudadanía quiso expresar su descontento, se les negó la entrada primero y la posibilidad de siquiera tomar la voz.
La tecnología en Argentina ya tiene un recargo del 21% de IVA, más un 20% correspondiente al impuesto de fabricación nacional. Con este canon, pasará a valer entre de un 10% a un 75% más cara. Es decir, del valor total de un aparato, el 50% corresponderá a impuestos. A pesar de esta impopular medida que beneficia a los sectores económicos más débiles (es decir, las clases bajas), el proyecto de ley de Pichetto y Giustiniani salió con un dictamen favorable de la Comisión. Lo más probable es que mañana se apruebe en el Senado, y en otro ejemplo más de gobernar a espaldas del pueblo, se beneficiará en el Senado una vez más a las sociedades de gestión colectiva.
Fuente: Fundación Vía Libre
