Hace varios años que no hago periodismo. Y hoy, leyendo artículos sobre toda la problemática con la Ley de Medios, me dio nostalgia. Porque fue un tema en el que trabajé mucho… hace varios años… cuando hacía periodismo…
Fue así que escarbé en la gran carpeta archivo y rebusqué hasta que encontré un artículo publicado en Revista HUELLAS, una publicación político-cultural universitaria que hacía junto a compañeros de la vida, ya hace varios años. Marcha aquí la nota. Implica leerla ubicando todas las marcas de fecha en su debido lugar, teniendo en cuenta que el artículo fue escrito en diciembre de 2004 cuando esta nueva Ley de Medios que ahora tenemos era una idea, un futuro, algo por lo que debíamos luchar. Hoy ya la tenemos, así que defendámosla. Creo que el artículo mantiene vigencia para comprender algunas de las cosas que están en juego, por eso se las ofrezco. Saludos y espero sus comentarios!
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La ilustración de Sebastián Prevotel
Tomar la palabra, protagonizar lo público
Hoy (fecha del artículo: dic 2004), se está pensado una nueva ley de radiodifusión, por cierto, y porque no hay que dejar de reconocerlo, gracias a las luchas de muchas radios comunitarias y otras organizaciones, que durante muchos años reclamaron por su espacio.
¿Qué sé esta poniendo en juego a la hora de hablar de radiodifusión? Entre otros puntos se discute el otorgamiento de frecuencia, el acceso a los medios, marcando el enfoque del rol social que se piensa para los medios. Por eso, es bueno prestar atención a ciertas consideraciones. Es poco conocido que la frecuencia radioeléctrica es patrimonio histórico de la humanidad, así ha sido declarado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto indica que el Estado no es dueño de la frecuencia, sino que tan sólo la administra. Las frecuencias tampoco son propiedad de la radio o del canal de televisión. Las frecuencias son de todos. Entonces el problema a considerar es a quiénes se les conceden y para qué uso, con qué criterios se elige a unos dejando de lado a otros; en otros términos, quién puede prestar un servicio de radiodifusión.
Otro aspecto a tener en cuenta al plantear una nueva ley es el de la diversidad que deben garantizar los medios. Esto es explícito en el derecho internacional, como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos), en el artículo 13, que entiende la libertad de expresión en un sentido muy amplio. Esto es: que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, a buscar, publicar, y difundir ideas. Pero, además, tiene su contrapartida en el derecho universal de todas las personas a tener información plural, diversa, no a ser informados solamente por un medio, por una radio, por un diario, por un canal de televisión o por un interés. Hay un derecho a tener múltiples fuentes de información, diferentes perspectivas sobre la realidad.
Esto implica que todos los sectores de la sociedad puedan expresarse, con distintas opiniones, que los medios sea un lugar donde los distintos intereses que convergen en una sociedad puedan tener visibilidad. Que los medios sean el lugar donde se luche verdaderamente por el poder. Es evidente que se va a dar en desigualdad de saberes y poderes, pero ello se tiene que ir reconstruyendo en el mismo andar, cuando los que viene de atrás logren ocupar su lugar. Cuando la palabra no sea privilegio de unos pocos, cuando los intereses que demarcan los enfoques no tengan una única línea. La información es un bien indispensable para el normal desarrollo de una democracia, por ellos no se la puede dejar librado a la simple regulación de la oferta y la demanda del mercado.
De dónde venimos (derecho torcido)
En 1980 se dicta la Ley de Radiodifusión Nº 22.285, que tiene vigencia actualmente, con pequeñas modificaciones. Dicha norma fue concebida en la época del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, elevada por Albano Harguindeguy y José Alberto Martínez de Hoz. Determinaron que la administración de la frecuencias quede en “manos exclusivas” del Poder Ejecutivo Nacional, se declaró clandestina a toda emisora no autorizada legalmente y además se determinó que para conseguir la dicha legalidad se debe ser una persona física o jurídica de carácter comercial (art. 45 de la respectiva ley).
A las cooperativas, mutuales, sindicatos, fundaciones y demás asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, se las excluía de la posibilidad de tener y administrar directamente licencias de radio, televisión y servicios complementarios, como el de antena comunitaria, el circuito cerrado comunitario de audiofrecuencia o de televisión – cable – y otros de estructura análoga, cuya prestación se realiza por vínculo radioeléctrico. El artículo 45 fue declarado inconstitucional, el año pasado (año 2003) por la Corte Suprema, pero aún sigue vigente.
Con la llegada de la democracia el proceso sobre los medios siguió avanzando, la ley para entonces no permitía a los propietarios de medios gráficos ser licenciatarios de servicio de radio o televisión. ¿Para qué? Para asegurar la diversidad, criterio válido que existe en la mayoría de los países. La ley ya beneficiaba a los grupos económicos y con la llegada de Menem se intensificó el proceso liberal de concentración, modificando el artículo 45, permitiendo que los propietarios de medios gráficos tengan acceso a la radio y la televisión.
Pero hizo más. La ley establecía que un mismo grupo empresario, una misma persona o empresas podía tener hasta cuatro estaciones de radio en el país. Esto lo aumentó a 24. Es decir, una misma persona o empresa puede tener hasta 24 emisoras de radio en distintos lugares del país. ¿Por qué 24? Porque con 24 estaciones, en las principales ciudades, se llega a una audiencia del 80% de la población.
Y así se puede trazar todo una línea histórica de la ley, hasta el día de hoy, que sólo ha respaldado la concentración y la limitación del acceso a los medios. Privilegiando a una sector económico bien marcado, vaciando a los medios de su rol social, atribuyéndole un rol supuesto y legitimándolo como único, con una visión cerrada que no permite abrir el juego y excluye a los grupos minoritarios de los medios masivos.
Publicado en Revista HUELLAS Nº 12 – Año V, diciembre 2004
Autor colectivo: Bárbara Couto, Pedro Adami, Mariela Zanazzi, Ariel Orazzi, Sebastián Prevotel, Sebastián Dinolfo, Agustina Boldrini, Ezequiel Salinas, Micaela Tochi